Washington. Las políticas antimigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, giran de las redadas masivas y de alta visibilidad pública con miles de agentes hacia medidas más discretas de detenciones en hogares y sitios de trabajo de extranjeros sin documentos ubicados mediante espionaje digital, el uso de inteligencia artificial para búsquedas en bancos de datos públicos o mediante la cooperación con la policía y funcionarios locales. El gobierno asegura que se aceleró el ritmo de estos operativos de arresto.

“El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tuvo un número sin precedente de arrestos en los pasados cinco días, rompió todos los récord. Diez mil detenciones”, afirmó el zar fronterizo Tom Homan. En entrevista con Fox News el lunes, agregó: “tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos más recursos con que hacerlo, verán que estos números de capturas se incrementarán”.

El reciente fallo de la Suprema Corte que permite al Poder Ejecutivo anular el estatuto de protección legal temporal de haitianos y sirios ayuda a este esfuerzo, resaltó Homan. Dejó claro que el enfoque no es –como antes aseguraba el gobierno– detener sólo a inmigrantes con historial criminal. “Tenemos que encontrar a los delincuentes y a los que no lo son”, argumentó después del fracaso de las redadas a gran escala. Además, ante la oposición y resistencia masiva en grandes ciudades, como Mineápolis, Chicago y Los Ángeles, se reportó que el subjefe de gabinete y arquitecto de la política antimigrante, Stephen Miller, exigió al ICE usar otros métodos para incrementar las detenciones. Markwayne Mullen, secretario del Departamento de Seguridad Interna, aseguró al medio derechista Breitbart que para fines de agosto, Estados Unidos logrará deportar más personas que el total de 2025.

Documentos internos del gobierno revisados por The New York Times sugieren que por lo menos en un periodo de cinco días, a fines de junio, esta táctica funcionó y que el ritmo de arrestos de inmigrantes se incrementó de mil a más de 2 mil por día.

Pero evaluar estas estadísticas por periodos más extensos es complicado. Trump continúa empleando como parte integral de su mensaje político que los inmigrantes “ilegales” son una amenaza al país.

Esta semana subió a sus redes sociales viejas fotos de inmigrantes negros detenidos en la zona limítrofe con México, con la frase: “la frontera Biden”, y poco después publicó imágenes de niños de kinder en Mineápolis que usan hiyabs. El gobierno también ha buscado culpar a inmigrantes del incremento en los costos de vivienda, a pesar de que expertos señalan que no existe evidencia de esta afirmación.

Desde el inicio de su gobierno, una de las tácticas de Trump ha sido generar condiciones de crueldad, temor e incertidumbre para convencer a inmigrantes indocumentados a abandonar Estados Unidos para evitar la detención, separación de sus hijos y la pérdida de bienes. La Casa Blanca afirma que como resultado de estos esfuerzos más de 2 millones de extranjeros se han “autodeportado”. Sin embargo, expertos concluyen que las cifras son mucho más bajas. Pero la táctica está teniendo efectos.

“Sólo porque hay más detenciones no necesariamente implica que habrá más deportaciónes”, comentó Ariel Ruiz Soto, analista de políticas del Migration Policy Institute en Washington. En entrevista con La Jornada, estima que parte del incremento en los arrestos podría ser resultado de mayor cooperación entre el ICE y autoridades locales en estados gobernados por republicanos o en áreas rurales.

El gobierno de Trump ha ampliado de manera dramática el número de acuerdos bajo los cuales gobiernos locales se comprometen a trabajar con ICE para detener a inmigrantes indocumentados. Había mil 130 de estos pactos firmados en 2025 y para julio de 2026 ese número se incrementó a 2 mil 78. “Pero si le damos seguimiento a las tendencias de lo que ocurrió el año pasado, aún quedarán cortos del millón de deportaciones que deseaban”, agregó Ruiz Soto. Washington hasta ahora se ha rehusado a ofrecer datos consistentes sobre expulsiones.

Las nuevas tácticas están más enfocadas a usar datos públicos para ubicar a inmigrantes sin documentos y después rastrear y arrestarlos. El gobierno también ha ampliado la cooperación con policías y otras autoridades locales para capturar a individuos que cometen infracciones de tránsito y otras violaciones menores de la ley para ver si son indocumentados.

Un nuevo grupo de trabajo federal, que incluye a los departamentos de Seguridad Interna y Justicia ampliaron las investigaciones a empresas y realizado redadas en sitios de trabajo para detener a indocumentados.

Pero esta estrategia tiene consecuencias económicas locales. “Granjas enfrentan carencia de trabajadores al continuar las redadas del ICE”, fue la cabeza de un periódico en Virginia a finales de junio. Un informe de la Brookings Institution encontró que el arresto de inmigrantes indocumentados frecuentemente lleva al cierre de empresas y comercios, con lo cual se eliminan empleos de ciudadanos estadunidenses. Pero los de línea dura del gobierno tratan de ampliar esos esfuerzos con los cuales “no se llegarán a los niveles necesarios” de detención y deportación, comentó un funcionario federal a CNN.

Homan y Miller han indicado que habrá una ampliación significativa de detenciones como resultado del fallo de la Suprema Corte que permite anular el programa de protección de deportación temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de unos 350 mil haitianos y sirios, a quienes se les otorgó esa condición por la violencia en sus países. Pero Ruiz Soto duda que las expulsiones de los caribeños se lleven a cabo rápidamente, al señalar que cuando esas mismas protecciones fueron eliminadas para venezolanos no hubo un gran incremento de deportados.

Se ha reportado un incremento de detenciones de inmigrantes que llegan a tribunales para cumplir con las citas en sus casos.

Estas medidas han provocado disidencia entre las bases políticas de Trump. “Pienso que deportar a haitianos que cuentan con TPS de regreso a su país sería un enorme error”, afirmó el diputado federal derechista Carlos Giménez en entrevista con CBS News el domingo.

“De los 350 mil haitianos legales con TPS, aproximadamente un tercio trabaja en el sistema de salud. Acabar de inmediato con la protección creará una crisis en hospitales, asilos y otros centros de atención médica”, afirmó el legislador federal republicano Mike Lawler en sus redes sociales.

Estas voces se suman a las de otros políticos y bases republicanas, desde granjeros en lecherías hasta el gobernador de Ohio, que expresan preocupaciones similares.