Ciudad de México. Por unanimidad, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Turismo para combatir la explotación sexual de niños y adolescentes. Con ello, los prestadores de servicios tendrán que requerir a los turistas acompañados de menores de edad que acrediten el parentesco, la patria potestad, tutela o custodia que tengan con ellos.

También deberán certificar la mayoría de edad a través de documentos oficiales, y si no se hace, negarán el servicio y darán aviso a las autoridades investigadoras correspondientes sobre la posible comisión de algún delito.

El documento, que fue remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, obliga a los prestadores de servicios turísticos a efectuar los protocolos y acciones preventivas definidas por las autoridades para detectar una posible transgresión contra la integridad de niños y adolescentes.

La reforma recoge iniciativas de los partidos Morena, Acción Nacional y del Trabajo y fue avalada por 104 votos a favor y ninguno en contra o en abstención. Refiere, según datos de la organización World Visión, que México es el segundo país destino para la explotación sexual contra menores de edad y primer lugar mundial en consumo de pornografía infantil.

Internet escala los riesgos: legisladora

Explica que el abuso de niños y adolescentes en el sector turismo es cometido por quienes usan infraestructura y servicios de esta industria, como hoteles, moteles e inmuebles rentados; así como empresas de transporte terrestre, aéreo o marítimo; establecimientos de alimentos o bebidas, y spas o centros de entretenimiento.

Alejandra Barrales, senadora de MC, destacó que entre 17 mil y 20 mil menores de edad están atrapados en redes de explotación sexual, de acuerdo con diversas estimaciones, y las plataformas digitales no han hecho más que ahondar el peligro que afrontan.

Con pesar, resaltó que México es hoy un paraíso del turismo sexual infantil, tras criticar que la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados en abril de 2025 y en comisiones del Senado en octubre pasado. De manera que desde hace un año el dictamen ha estado pendiente de discusión en el pleno.

La priísta Carolina Viggiano apuntó que las víctimas de este crimen son en su mayoría personas vulneradas por la pobreza y reprochó a Morena la eliminación de la red institucional que las protegía, integrada por estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.

El morenista Gerardo Fernández Noroña le recriminó al PRI y al PAN actuar de manera hipócrita en este tema, pues durante sus 36 años de gobiernos neoliberales “no movieron un dedo para acabar con la explotación de niños, niñas y adolescentes” y ahora “votan en contra” de derechos constitucionales para apoyar a los menores de edad.