Hermosillo, Sonora; 30 de junio de 2026.- El Congreso del Estado de Sonora aprobó, en sesión extraordinaria, reformas para limitar el número de personas regidoras en los ayuntamientos, fortalecer el acceso al agua mediante la armonización de la legislación estatal con la federal y modificar un acuerdo para dar cumplimiento a una sentencia de amparo.

La diputada Ernestina Castro Valenzuela, de Morena, presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal para establecer un límite al número de regidurías en los ayuntamientos, con el objetivo de fortalecer la austeridad, mejorar la eficiencia administrativa y brindar mayor certeza jurídica al funcionamiento de los cabildos.

Por su parte, la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, del Partido del Trabajo, dio lectura al decreto que reforma la Ley de Aguas del Estado de Sonora para armonizarla con la Ley General de Aguas, con el propósito de fortalecer el derecho humano al agua y al saneamiento, garantizar un suministro mínimo para uso doméstico y promover una gestión hídrica con enfoque de derechos humanos.

Posteriormente, el diputado Óscar Ortiz Arvayo, también del PT, presentó una modificación al Acuerdo número 120, aprobado en abril de este año, para dar cumplimiento a una sentencia de amparo mediante la eliminación de un requisito que permitirá incluir recursos para el colectivo Conservando los Valores de Familia A.C. en el Presupuesto de Egresos 2027.

Asimismo, el diputado Omar Francisco Del Valle Colosio, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con la finalidad de fortalecer las facultades de los ayuntamientos para atender la problemática de lotes baldíos e inmuebles abandonados mediante la creación de un padrón municipal y obligaciones para sus propietarios.

Finalmente, el diputado Rubén Refugio González Aguayo, del PT, propuso reformas a la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora para impulsar la preservación y revitalización de las lenguas indígenas a través de programas educativos, materiales culturales, herramientas digitales y acciones que promuevan su transmisión a las nuevas generaciones.

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Desarrollo Urbano y de Asuntos Indígenas para su análisis y, en su caso, dictaminación.