Mineápolis. La ciudad de Mineápolis atraviesa por una crisis de salud pública, debido a que la población evita acudir a atención médica. Ante ello, personal sanitario organiza visitas a domicilio y residentes recogen recetas, alimentos y pañales de vecinos para evadir la cacería de migrantes sin papeles por parte de agentes federales, informó ayer el diario británico The Guardian.

Incluso, integrantes del personal sanitario también temen por su seguridad en el trabajo. “Estamos viendo que los residentes no quieren salir de sus casas, ir a trabajar, acudir a sus citas médicas ni a sus chequeos programados, posponen cirugías y atención a su salud”, resaltó Angela Conley, comisionada del condado de Hennepin, donde Renee Good, una ciudadana estadunidense blanca y madre, fue asesinada el mes pasado por agentes federales.

Por otra parte, autoridades de inmigración pusieron en cuarentena a algunos extranjeros y paralizaron “todos los movimientos” tras confirmarse el sábado dos casos de sarampión entre los detenidos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, sur de Texas, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al asegurar que “todos los internos están recibiendo la atención médica adecuada”.

Los dos casos de Texas se producen en un contexto de aumento de contagios de sarampión en todo el país. Carolina del Sur ha registrado el mayor brote hasta la fecha con 789 infecciones.

Texas lideró el aumento de casos de sarampión a escala nacional en 2025, con 762 infecciones, principalmente en el oeste, y Estados Unidos registró su mayor brote desde que el mal fue declarado erradicado en 2000. La enfermedad en el estado fue calificada extinta en agosto.

Las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dilley, gestionadas por la empresa privada CoreCivic, se inauguraron en 2014 para albergar a las familias migrantes detenidas al cruzar irregularmente la frontera entre Estados Unidos y México.

Estaba previsto que cerrara bajo el gobierno de Joe Biden, pero el año pasado se renovó el contrato con el ICE bajo la presidencia de Donald Trump, por su campaña de represión de la inmigración.

De su lado, un grupo de organizaciones de derechos civiles demandó al Departamento de Estado por su reciente suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, con el argumento de que esa política “socavó décadas de legislación migratoria consolidada”.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció el lunes dos arrestos más tras una protesta en una iglesia de Minesota contra la represión migratoria, con lo que se elevó a nueve el número de personas detenidas por el hecho. Los periodistas independientes Don Lemon y Georgia Fort figuran entre las cuatro personas encarceladas el viernes.

Otras tres fueron detenidas a principios de la semana, incluida la destacada activista local Nekima Levy Armstrong. Un pastor de la iglesia también es un agente del ICE.

La jefa del DHS, Kristi Noem, afirmó que todos los agentes de esa corporación, que forman parte de las redadas en Mineápolis, recibirán de inmediato cámaras corporales.