¿Qué quedó del municipalismo?

Bulmaro Pacheco.

Durante muchos años se difundió la tesis del municipalismo como una oferta de grupos y partidos políticos para acompañar y apoyar a lo que ha venido siendo el nivel más débil, política y administrativamente, del sistema político mexicano: el municipio.

El gobierno municipal, como tal y como ayuntamiento, mereció un artículo especial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el 115, que ha sufrido varias reformas (no reelección, voto a la mujer, enviar a los gobernadores el 116, representación proporcional, indigenismo, policía preventiva, paridad de género etc.)  para adecuar la institución a los cambios políticos y sociales de México y tratar de sintonizar al municipio con las nuevas realidades.

Durante mucho tiempo, el municipalismo fue bandera política del Partido Acción Nacional, que demandó la democratización a fondo del sistema de gobierno por ser el nivel de autoridad más cercano a la gente. El PAN, fundado en 1939, empezó por ganar gobiernos municipales desde 1946 en el centro de la República y después extendió sus dominios electorales a municipios importantes como Mérida, Mexicali y Hermosillo, a finales de los sesenta del siglo pasado. Todo ello dio paso a las alternancias políticas, primero en los municipios y después en los estados, extendiéndose posteriormente al Congreso de la Unión y a los Congresos locales. Algo pasó que los partidos políticos dejaron de lado la bandera municipal.

Después, a finales de los ochenta, vino la reforma política que creó la representación proporcional en los ayuntamientos, dando lugar a los regidores plurinominales con el propósito de enriquecer la representación política y mejorar los niveles del debate público.

La representación proporcional en los ayuntamientos generó una ampliación de la representación política, contribuyendo notablemente a la estabilidad política y al mejoramiento de los esquemas de gobierno, con nuevas ideas y mejores aportaciones.

El problema de fondo que no se resolvió, a pesar de las reformas y de la atención federal, siguió siendo la enorme disparidad fiscal: de cada peso del presupuesto federal, al municipio solo le tocaban menos de diez centavos para atender sus nuevas facultades constitucionales y las crecientes demandas de la población.

Durante años se creyó que con las alternancias políticas el municipio iba a mejorar en todos los aspectos. Hubo numerosos cambios de partido en los gobiernos municipales, pero nada cambió de fondo. Siguió el dominio de los gobernadores, quienes determinaban los recursos y los apoyos a los alcaldes dependiendo del nivel de cercanía política y coincidencia partidista.

No se erradicaron las formas caciquiles de gobernar en los municipios, donde los grupos de poder se adueñan de los partidos políticos y postulan a sus candidatos al gusto de los intereses en turno, sin miramiento alguno.

Con el tiempo, los gobiernos municipales fueron infiltrados por la delincuencia organizada para apropiarse de los instrumentos de poder en regiones específicas. En muchos casos se dieron —y se han dado— el lujo de postular candidatos, corrompiendo a los liderazgos de los partidos políticos, para llevar al poder a personas cuya complicidad con ellos quedó al descubierto en los innumerables casos de violencia política, cuando empezó a generalizarse el fenómeno de los asesinatos de alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios municipales en algunas regiones de la República. O también con el retiro de las visas a presidentes municipales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Actualmente, algunas fuentes sostienen que cerca del 55 % del territorio nacional está controlado por la delincuencia organizada en municipios específicos y estratégicamente seleccionados.

El fenómeno de la violencia contra autoridades municipales se ha exacerbado por el incumplimiento de compromisos adquiridos de antemano o por excederse en la integración de equipos de gobierno con personas identificadas con el crimen organizado.

Aun con los cambios políticos experimentados en México en los últimos años, donde ya se habla —más con cursilería que con realidades— de un famoso segundo piso de la “Cuarta Transformación”, las condiciones de los municipios, más que mejorar, han empeorado: improvisación, corrupción, nepotismo, administraciones de muy mala calidad y un distanciamiento cada vez mayor con la población. Para colmo, en los nuevos proyectos de la autollamada 4T ahora quieren reducir el número de regidores en los ayuntamientos que ¡porque salen muy caros!

Los problemas crónicos —como el abasto de agua, el endeudamiento financiero, la falta de equipo para los servicios públicos, la confusión municipal en temas de salud y educación, la corrupción de funcionarios improvisados, la presencia de parientes de las autoridades en los gobiernos y la mala calidad del cabildeo político con los niveles superiores de gobierno— han llevado a los ayuntamientos a nuevas formas de atraso y a la ausencia de reformas efectivas. Por ahora no se les ve salida.

Resulta increíble que desde 1983 no se hayan impulsado reformas de fondo al artículo 115 que contribuyan al fortalecimiento de los ayuntamientos frente a las nuevas realidades que viven, a pesar de los novedosos mecanismos de participación política y social.

La reelección consecutiva de autoridades municipales, legislada en 2014, a pesar de las grandes expectativas que generó —pues abrió una puerta cerrada desde 1933— no contribuyó a resolver los problemas de los ayuntamientos; por el contrario, en muchos casos los complicó y generó nuevas castas en el ejercicio del poder, que terminaron por agotarse ante la competencia política y el despertar ciudadano respecto del nivel de gobierno más cercano a sus intereses. Otra vez los gobiernos de familias.

¿Tienen remedio los ayuntamientos frente a la crisis que viven, marcada por la falta de recursos y pésimas administraciones?

A los ayuntamientos se les debe una nueva reforma constitucional, acompañada de disposiciones fiscales locales y federales que los fortalezcan para combatir los males crónicos que hoy enfrentan. Nunca tienen dinero, y en una crisis de nunca acabar, deben mucho y cada fin de año se complican la vida tratando de completar para pagar los aguinaldos de los trabajadores.

Resulta indispensable que los partidos políticos y los grupos de poder seleccionen mejor la calidad de sus cuadros, para elevar el nivel de sus gobiernos, y que la autoridad federal, en coordinación con los estados, les ayude a salir del embrollo de ser rehenes de la delincuencia organizada y de la falta de recursos: fenómenos no tan nuevos, pero que los limita en su capacidad de cumplirle a la gente con eficacia y los hunde cada día más en una crisis que ya no tiene para cuando. Nada más, nada menos.

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