Sin Medias Tintas.

Nos vieron la cara

Omar Alí López Herrera.

Hay números que no mienten, aunque quienes los manejan pretendan que no hablen. Pero conviene escucharlos con atención porque suelen contar historias que nadie quiere que se cuenten.

Comencemos con la adquisición de una casa en Lomas de Cocoyoc, Morelos, con 902 metros cuadrados, alberca, paneles solares, vista al campo de golf y un ancla decorativa en la fachada. Precio: 7.2 millones de pesos. ¿Lo curioso? Las propiedades en esa zona cuestan más de 20 millones. El afortunado comprador en diciembre del 2020 fue Rafael Ojeda Durán, entonces secretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pero esta historia de gangas sospechosas no termina ahí. En Tabasco, José Ramiro "Pepín" López Obrador, hermano del expresidente y actual secretario de Gobierno estatal, ha construido un pequeño imperio rural con ¡13 ranchos!, ocho de ellos adquiridos entre 2018 y 2024, justo durante el sexenio de su hermano. El precio promedio: 54 mil pesos por hectárea. Para dimensionar la magnitud del descuento, en algunas de sus adquisiciones pagó menos de un peso por metro cuadrado, y todo en “cash”.

Cualquier ciudadano con sentido común se preguntaría: ¿quién vende propiedades a precios tan ridículamente bajos? Y la respuesta, aunque no documentada, es igual de evidente: quien tiene algo más que ganar en la transacción que el dinero inmediato.

Ahora conectemos los puntos con tinta de huachicol fiscal. Los sobrinos de Ojeda Durán están siendo investigados por la FGR por encabezar una red de tráfico de combustible considerada la más grande registrada en México. Millones de litros de combustible contrabandeados, simulación de operaciones, adquisición de inmuebles y vehículos en efectivo, lavado de dinero, corrupción y defraudación fiscal. El modus operandi resulta familiar, ya que hablamos de compras en efectivo a precios sospechosos, en operaciones realizadas mientras el tío ocupaba uno de los cargos más poderosos del gabinete.

El huachicol fiscal tiene víctimas concretas y rostros específicos, porque cada peso que se desvió es un peso que no llegó a donde debería.

¿Y a dónde? A los hospitales públicos, por ejemplo, donde el desabasto de medicamentos se ha convertido en una constante que mata la esperanza de miles de familias mexicanas. Irónico, ¿no? El mismo que en 2019 denunciaba a los "huachicoleros de medicinas" y se preguntaba cómo era posible que se gastaran 80 mil millones de pesos anuales en medicamentos y los hospitales siguieran vacíos, terminó presidiendo un sexenio donde el desabasto alcanzó niveles críticos, y con familias vendiendo patrimonio para comprar lo que el Estado debería garantizar.

Cuando funcionarios de primer nivel compraban propiedades a precio de ganga mientras sus familiares tejían redes de corrupción fiscal, el dinero faltante en esas transacciones subvaluadas y en esos impuestos evadidos tuvo que salir de algún lado. Y ese "algún lado" fueron las arcas públicas; del presupuesto de Salud.

El cinismo alcanza su punto culminante cuando repetían. "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre". Mientras tanto, funcionarios y familiares del círculo cercano acumulaban propiedades con descuentos del 64%, pagaban terrenos a menos de un peso el metro cuadrado, y articulaban redes de huachicol fiscal que le costaban al erario miles de millones de pesos.

No eran coincidencias; era un sistema. Las propiedades subvaluadas fueron probablemente parte de un mecanismo de lavado o pago de favores. Los precios artificialmente bajos permitieron ocultar el verdadero valor de las transacciones y dificultar el rastreo del origen de los fondos. Las compras en efectivo evitaron el escrutinio bancario. Y todo esto fue protegido por el poder político.

Lo más perverso de este esquema es que sus promotores lo ejecutaron mientras se erigían como los guardianes de la honestidad y la austeridad republicana. Señalaban con dedo flamígero la corrupción del pasado mientras construían la del presente. Denunciaban el huachicol de combustible mientras sus familiares lo operaban desde las estructuras del Estado. Se rasgaban las vestiduras por el desabasto de medicamentos que ellos mismos perpetuaban al desviar recursos.

Los números no mienten. Una casa que vale 20 millones vendida en 7.2 es una transferencia encubierta de 12.8 millones. Terrenos que valen millones vendidos por centavos son patrimonios que se construyen con recursos cuyo origen demanda explicación. Y cuando esas explicaciones no llegan, cuando el silencio es la única respuesta, los ciudadanos tenemos derecho a las conclusiones más obvias.

Mientras tanto, en los pasillos de hospitales públicos se siguen esperando medicamentos que nunca llegan, los pacientes con enfermedades crónicas racionan tratamientos que deberían ser continuos, y los niños con cáncer pierden ventanas terapéuticas críticas porque el sistema no tiene los fármacos necesarios.

El precio real de esas gangas inmobiliarias no se mide en los pesos que aparecen en las escrituras, sino se mide en las vidas que se perdieron por falta de medicamentos, en la confianza ciudadana pulverizada, en el cinismo institucionalizado, y en la impunidad que se normaliza cuando quienes deberían garantizar la ley son los primeros en quebrantarla.

Los números gritan, y las víctimas también. Solo falta que la justicia escuche.