Una jueza federal emitió una orden para suspender las operaciones del ejército desplegadas en Chicago, bajo el argumento de que las acciones llevadas a cabo podrían estar violando garantías constitucionales y excediendo las competencias autorizadas. La decisión judicial implica que cualquier intervención militar organizada dentro de la ciudad queda temporalmente detenida hasta que se revisen los fundamentos legales del despliegue.

La resolución surge luego de denuncias ciudadanas y recursos legales interpuestos por organizaciones civiles y autoridades locales que cuestionaban el uso de fuerzas militares en labores de seguridad interna, señalando que estas funciones corresponderían principalmente a cuerpos policiales y no al ejército. La jueza determinó que para proceder con operaciones de esa naturaleza se requiere un respaldo jurídico claro, basado en una evaluación de proporcionalidad, control civil y supervisión.

Autoridades federales pueden impugnar la suspensión o presentar recursos en instancias superiores, pero por ahora la orden judicial obliga a cesar despliegues militares en zonas urbanas de Chicago en tanto continúa el litigio.

Este caso refuerza el debate sobre los límites del uso de fuerza militar dentro de ciudades en contextos de seguridad pública, así como la necesidad de respetar derechos civiles mientras se busca responder a amenazas o crisis.