Sin Medias Tintas.

La línea de flotación

Omar Alí López Herrera.

Nuestro país tiene un don para convertir los escándalos de corrupción en espectáculos brumosos. Cada tanto, un caso se filtra —una minirefinería, redes en Pemex, un fraude en aduanas, un cartel de empresas fantasmas— y durante semanas la indignación ocupa titulares… hasta que aparecen los muertos. Entonces el guion se repite: primero el boletín oficial, luego el rumor, después el silencio.

El llamado “huachicol fiscal” es la más reciente pieza de esta casi tragicomedia. Lo que comenzó como una investigación sobre contrabando de combustibles terminó destapando una red de corrupción que operaba desde las entrañas de las aduanas, con participación de marinos de alto rango. Y justo cuando el país esperaba nombres, procesamientos y cadenas de mando, llegaron las muertes. El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo en 2024, después de denunciar irregularidades dentro de la propia Secretaría de Marina. Después, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez apareció muerto en instalaciones portuarias de Altamira; las versiones de la causa son confusas. Poco después, el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga falleció en un supuesto accidente durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco. La lista incluye otros marinos y funcionarios, sumando al menos siete víctimas vinculadas de alguna forma a la investigación. El patrón es demasiado perfecto como para atribuirlo al azar.

No sería la primera vez que las muertes se convierten en una forma de censura. En 1992, la mafia siciliana hizo volar en pedazos a los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, artífices del proceso que puso a la Cosa Nostra contra las cuerdas. En 2006, el exespía ruso Alexander Litvinenko fue envenenado con polonio en un hotel de Londres. En Malta, en 2017, la periodista Daphne Caruana Galizia fue asesinada con un coche bomba después de exhibir redes de corrupción que salpicaban al gobierno. En Eslovaquia, en 2018, el periodista Ján Kuciak y su pareja fueron ejecutados por investigar fraude fiscal y vínculos políticos. En América Latina, el fiscal Alberto Nisman apareció muerto horas antes de presentar pruebas contra altos funcionarios argentinos en 2015. Y Sergei Magnitsky murió en una prisión rusa tras denunciar un fraude millonario. El patrón es siempre el mismo: primero el escándalo, luego la muerte “inexplicable” y, finalmente, la disputa eterna sobre si fue suicidio, homicidio o accidente.

El huachicol fiscal no es un asunto menor. Hablamos de contrabando de combustibles a gran escala, miles de millones de pesos en ganancias y un negocio que sólo puede existir con protección oficial. Del anunciado fin de la corrupción en las aduanas tras entregárselas a la Marina en 2019, hoy tenemos funerales, honores militares y un gobierno que insiste en que todo está bajo control. Pero las coincidencias son incómodas, porque varios de los muertos tenían acceso a información clave o estaban en posición de delatar a mandos superiores. Cada muerte reduce el número de testigos y aumenta la posibilidad de que el caso termine archivado por “falta de elementos”. Las carpetas de investigación siguen abiertas, dicen las autoridades, pero la narrativa se ha diluido. Sin testigos vivos, sin voces que insistan, las redes de protección se reconfiguran, los expedientes se empolvan y la impunidad ganará otra batalla.

El problema no es sólo jurídico, sino cultural. Hemos normalizado el silenciamiento de quienes saben demasiado. Periodistas, activistas, testigos protegidos y ahora marinos forman parte de una estadística que rara vez se traduce en justicia. Cuando un testigo clave muere en circunstancias sospechosas, la reacción debería ser inmediata: investigación independiente, transparencia forense, protección para los demás involucrados. En lugar de eso, aquí se opta por la opacidad.

Si algo enseñan los casos de Italia, Malta o Eslovaquia es que la sociedad puede romper el ciclo si exige justicia de manera sostenida. En Malta, el asesinato de Caruana Galizia llevó a la renuncia del primer ministro. En Italia, las muertes de Falcone y Borsellino impulsaron una ofensiva antimafia histórica. En nuestro país la pregunta es si habrá presión suficiente para que el caso del huachicol fiscal no termine convertido en expediente muerto… como tantas otras tragedias.

Se presume una política de “cero tolerancia” a la corrupción y a mi modoo de ver este caso es la prueba de fuego: o se esclarecen las muertes, se procesan a los responsables y se rompe la cadena de complicidades, o el mensaje será devastador. Cada marino muerto, cada capitán silenciado, es una señal de que las redes criminales siguen siendo más eficaces que el Estado. En otros países donde se han resuelto casos similares, la clave fue la voluntad política y la independencia de las investigaciones. Sin esos dos ingredientes, lo único que queda es la narrativa oficial y un cementerio de testigos.

No podemos darse el lujo de convertir el huachicol fiscal en otro misterio sin resolver. Porque cuando las muertes hablan, lo que dicen es que en México la verdad sigue siendo peligrosa.