Nota publicada: 2025-03-12
En una reciente declaración, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están operando como un "ejército privado" al servicio de los cárteles mexicanos del narcotráfico. Esta afirmación surge tras el asesinato de cinco soldados en el Cañón del Micay, una zona estratégica para la producción de cocaína en el suroeste del país.
El incidente ocurrió cuando los militares fueron emboscados mientras se dirigían a reconstruir un puente destruido previamente por los disidentes en esta conflictiva región. Este ataque resalta la creciente colaboración entre las facciones disidentes de las FARC y las organizaciones criminales mexicanas, que buscan controlar las rutas de producción y distribución de drogas.
El Cañón del Micay ha sido escenario de múltiples enfrentamientos debido a su importancia en la cadena de producción de cocaína. La droga procesada en esta área es transportada hacia Centroamérica y Estados Unidos a través del océano Pacífico, lo que la convierte en un punto neurálgico para las operaciones de narcotráfico.
La semana anterior, en esta misma zona, 29 soldados y policías fueron retenidos temporalmente por campesinos cocaleros, quienes, según Petro, fueron "instrumentalizados" por la guerrilla. Este tipo de acciones evidencia la compleja relación entre las comunidades locales y los grupos armados ilegales, quienes ejercen influencia y control en áreas donde el Estado tiene una presencia limitada.
El presidente Petro ha sido enfático en la necesidad de recuperar el control de estas regiones. Ha instruido a las fuerzas armadas a tomar el control de las zonas media y baja del Cañón del Micay y ha instado a los campesinos a desvincularse de las fuerzas extranjeras que buscan desestabilizar la nación.
Esta situación refleja una tendencia preocupante en Colombia: la participación de actores internacionales en el conflicto interno. Las alianzas entre las disidencias de las FARC y los cárteles mexicanos no solo fortalecen el poder de estos grupos, sino que también complican los esfuerzos del gobierno por establecer una paz duradera y efectiva en el territorio nacional.
La comunidad internacional observa con atención estos acontecimientos, reconociendo que el narcotráfico es un problema transnacional que requiere una cooperación conjunta para ser abordado de manera efectiva. Mientras tanto, las autoridades colombianas enfrentan el desafío de combatir a estos grupos armados y garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas por el conflicto y el narcotráfico.
La ofensiva ordenada por el presidente Petro busca desarticular la columna narcotraficante Carlos Patiño, compuesta por guerrilleros que rechazaron el acuerdo de paz de 2016. Esta operación es vista como un paso crucial para reafirmar la soberanía de Colombia y debilitar la influencia de los cárteles mexicanos en la región.
El éxito de estas acciones dependerá de la capacidad del Estado para implementar estrategias integrales que combinen la presencia militar con el desarrollo social y económico de las zonas afectadas, buscando así una solución sostenible al conflicto y al problema del narcotráfico en el país.