En nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández presentó ayer dos documentos con propuestas que buscan incidir en la minuta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), avalada la semana pasada por la Cámara de Diputados y cuya discusión empezó ayer en comisiones del Senado de la República.

La demolición del Poder Judicial no es la vía, como se pretende, sostuvo Piña al llamar a los legisladores y autoridades del sistema de justicia a abrir puentes de diálogo con el PJF y considerar las propuestas al debatir la reforma.

En los documentos, elaborados con voces de integrantes del Poder Judicial, ciudadanos, organizaciones, académicos e integrantes de la iniciativa privada, se plantea hacer reformas integrales al sistema de seguridad y procuración de justicia en México.

Por ejemplo, en el documento que deriva de los foros La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura, se presentan 60 puntos, entre los que se asume un cambio inminente del modelo para elegir a los jueces y magistrados, pero siempre que su aplicación sea gradual y escalonada aprovechando el talento existente; también se proponen concursos de oposición abiertos para que personas que no son de carrera judicial puedan acceder a ser juzgadoras federales, pero mantener la carrera.

Presupuesto fijo

Entre las modificaciones constitucionales plantean considerar e incluir cambios en la totalidad de actores involucrados en el sistema de justicia, fiscalías, defensorías y abogacías federales y locales, que haya una asignación fija y no negociable del presupuesto anual para el PJF y de los locales.

También que se establezca en la Carta Magna la obligatoriedad de que haya un número mínimo de personas juzgadoras tanto en el ámbito federal como en el local por cada 100 mil habitantes.

Por otra parte, se critica el modelo de jueces sin rostro, pues señalan que supone un aumento en la opacidad y una mayor proclividad a la corrupción, al no estar en posibilidades de solicitar su recusación por conflicto de intereses, conocer si han incurrido en tráfico de influencia o en nepotismo.

En el segundo documento, producto de los 14 encuentros nacionales para una agenda de seguridad y justicia, hay propuestas como la creación de la ley nacional de carrera judicial que sirva para unificar las reglas y procedimientos.

Piña presentó ambas propuestas en un inesperado mensaje de tres minutos transmitido por las plataformas oficiales del PJF, y como un llamado respetuoso, pero firme a los legisladores para cambiar las cosas. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces.

Piña estuvo acompañada por tres de sus 10 compañeros ministros: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales, y por los consejeros Lilia Mónica López, José Alfonso Montalvo y Sergio Javier Molina.