Sin lugar a dudas, el actual gobierno federal ha sido caracterizado como uno de los sexenios con mayores carencias en cuanto a oficio político se refiere.  Este hecho se desprende de una premisa ampliamente conocida: la insuficiencia notoria en la praxis política por parte del gabinete foxista.
Al iniciar la administración del presidente Vicente Fox, como toda gestión de la administración pública en México, se procedió a la elaboración del plan de desarrollo para los próximos seis años, el cual en materia de política interior señaló lo siguiente: La nueva política interior obliga a una conducción que, privilegiando el derecho y sin negociar jamás la ley, sea promotora del diálogo civilizado dirigido a construir acuerdos entre los actores políticos y sociales, como vía para encontrar soluciones a los conflictos y para promover el bien común.
Nuestro país requiere instituciones fuertes, acordes con su circunstancia histórica y congruentes con la realidad. En razón de ello, el Ejecutivo ha decidido impulsar la reforma del Estado. Una de las vías será la promoción de un proceso de revisión integral de nuestra Constitución; es necesaria una revisión exhaustiva, crítica y plural para arribar a una reforma que brinde un nuevo diseño institucional capaz de superar las insuficiencias legales acumuladas a lo largo de décadas.
Un principio fundamental que guiará la acción del Ejecutivo será fortalecer la interacción fructífera y respetuosa con los otros poderes de la Unión. Respetará, tal como lo manda la ley, sus ámbitos de acción así como sus espacios de autonomía. Trabajará para propiciar el fortalecimiento de las facultades que la Constitución les otorga, así como para consolidar esquemas de corresponsabilidad en la toma de decisiones que hagan frente a los desafíos nacionales.
Asimismo, y a manera de conclusión, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, reitera el papel de la política interna de nuestro país, según el presente texto: La política interior es el espacio desde el cual se garantiza la seguridad nacional y se procesan eficazmente demandas y planteamientos de los actores políticos. Cumple el propósito fundamental de propiciar un entorno favorable no sólo para el desarrollo político, sino también para el crecimiento económico con calidad y para el desarrollo social y humano. Mediante las acciones de política interior se crean condiciones favorables para que los actores políticos, económicos y sociales desplieguen su actividad.
De lo anterior, podemos estimar que el anhelo del presidente Fox y de la actual administración en materia de política interior, ha sido completamente rebasado por una realidad compleja y diferente que en este momento se traduce en una constante crisis de ingobernabilidad para Felipe Calderón, en su calidad de próximo mandatario de México.
El texto del Plan Nacional de Desarrollo, hace evidente incluso el hecho de una verdadera reforma de Estado, así como de una revisión integral a nuestra Carta Magna con miras hacia la adecuación de las instituciones existentes.  Pero la interrogante sería:  ¿Qué sucedió con aquella reforma de Estado? La respuesta es clara y contundente, ya que dicha reforma se encuentra inmersa dentro de uno de los principales temas de la agenda nacional durante estos seis años, a través de las llamadas reformas estructurales, pero sólo en algunos temas como el energético, laboral y fiscal. Quizás lo interesante en este momento no sea discutir aquello que pudo ser y no fue, o bien como lo muestran los economistas, los cuales tardan la mitad de tiempo en explicar toda una serie de curvas y tendencias de crecimiento, y ocupan la otra parte de su presentación en explicar porque no sucedió.
El momento actual nos obliga a una reflexión de presente y de futuro.  En el primero de ellos, podemos acertar en la definición de que existen varios frentes de debate, los cuales representan un desafío grave para la gobernabilidad del país, pues por un lado aún coexiste el conflicto postelectoral derivado de la elección presidencial, donde Andrés Manuel López Obrador, no sólo ha tomado la ciudad de México, sino que abiertamente le ha arrebatado al Presidente de la República la capacidad para conducir la agenda política del país, lo cual es un asunto verdaderamente grave que se puede traducir en falta de liderazgo, mismo que severamente viene a dificultar que sea el Presidente quien pueda poner fin al conflicto de la llamada “resistencia civil pacífica”, por la vía del diálogo y el acuerdo, en contraste con el uso de la fuerza pública.
Por otro lado, el magisterio de Oaxaca y, recientemente, trabajadores del sector salud han retado al ejecutivo estatal y a los poderes constituidos, sobre lo que podría ser una fuerte embestida contra la falta de legitimidad del gobierno estatal desde su origen, en lo que me atrevo a señalar que, sin recato alguno, la Secretaría de Gobernación debe intervenir a fin de garantizar la estabilidad, así como el clima de gobernabilidad.
En el mismo sentido, el primer proceso electoral de fecha posterior al 2 de julio corresponde a Chiapas, cuyo escenario de proclamaciones anticipadas por los candidatos de la alianza PRI-PAN, así como de su adversario de la Coalición por el Bien de Todos, ante una atmósfera política densa, marcado por una jornada electoral de grandes irregularidades,  representa una bomba de tiempo para un estado con población urbana del 45%, que ocupa además los primeros lugares en analfabetismo a nivel nacional, con un índice de desarrollo humano similar al de las comunidades campesinas de China, siendo además ocupado por fuerzas paramilitares del EZLN.  Frente a todo esto, la polarización social se encuentra en un debate crucial: el escaso margen del resultado electoral y la anulación de los comicios.
Quizás ante este tipo de escenarios el tema del deterioro de las relaciones laborales entre diferentes gremios sindicales (sector minero) y las empresas correspondientes, quede a segundo término.
Por tanto, es un hecho evidente que el presidente Fox en la última travesía de su gestión, pareciera heredar a su sucesor todo un cúmulo de complejidades y embrollos, perdiendo así la posibilidad histórica de erigirse como el primer ex presidente mexicano con capacidad de opinar libremente desde el territorio nacional, con liderazgo y autoridad moral que sustente dicha postura.
Por lo que Felipe Calderón, no sólo transitará sobre un camino espinoso sino que, además, tendrá que iniciar su gestión tejiendo extremadamente fino en lo referente a la relación con el poder legislativo que ha sido la base del conflicto de la política interior del presidente Fox, ya que por un lado carga con el peso de las diferencias irreconciliables con la izquierda encabezada por AMLO, así como la pesada herencia de Vicente Fox de llevar al país a un escenario de crispación y de muy escasos paralelismos en lo político.
Por último, celebró la sensatez de Amalia García en la mediación del conflicto y hago votos porque el nuevo gobierno y su Presidente se encuentren a la altura del reto de México: un manejo atinado de su política interior, por lo demás no dudo de la capacidad de negociación y voluntad en la generación de acuerdos para sacar adelante los temas de la agenda nacional.
¡ Hasta la próxima!