Nota publicada: 2026-11-01
La Corrupción Nuestra de Cada Día
Bulmaro Pacheco
Da pena ajena observar todos los días a los miembros más conspicuos de la autollamada Cuarta Transformación darse golpes de pecho y jurar que ellos no son corruptos como los de antes.
Ya agotaron los argumentos en contra del expresidente Felipe Calderón y del exsecretario de Seguridad con —el mismo— Calderón, Genaro García Luna, preso en los Estados Unidos, sin argumentación contundente, de tanto achacarles las culpas del presente a cuenta del pasado.
También han arremetido contra el expresidente Vicente Fox, a quien le achacan haber dejado suelta la transición y haber propiciado “el fraude electoral de 2006” que llevó a Felipe Calderón a la presidencia.
Ahora les da por citar a cada rato al excandidato presidencial del PRI Francisco Labastida Ochoa, quien —sin prueba alguna— afirmó en su libro La duda sistemática: autobiografía política que Ernesto Zedillo, como presidente de México, negoció con el presidente norteamericano Bill Clinton la llegada del PAN a la Presidencia de México en 2000.
Con motivo de los recientes escándalos de corrupción registrados en el INE, que dieron lugar a la renuncia de la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, les da por decir que la corrupción en el máximo organismo electoral de México viene de años atrás e involucra a expresidentes del INE como Lorenzo Córdova (a quien también, dicen, deben auditar).
Se dan el lujo de decir que a la señora Taddei la nombraron los responsables del INE en 2014 presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sonora, y que ellos son los responsables de ese nombramiento y no Morena.
Eludir responsabilidades para no asumir culpas actuales es una de las líneas de estrategia política de la autollamada Cuarta Transformación. Cuando en los Estados Unidos se acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener ligas con la delincuencia organizada y se solicitó su extradición para juzgarlo allá, lo primero que dijeron en la 4T fue que no había pruebas y que se trataba de injerencismo de los norteamericanos en la política interior de México.
Posteriormente vendría el conflicto con la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, a quien desde un principio se le motejó de “traidora a la patria” por haber permitido la intromisión de agentes de la CIA en el combate al narcotráfico en ese estado norteño.
Tensiones después con el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, por haber invitado al embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, a poner la primera piedra de un edificio de seguridad en la capital del estado.
Tensiones con el PAN por el encarcelamiento del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador panista de la historia, acusado de huachicol fiscal.
Distracciones políticas por la política —inédita en la historia— del gobierno norteamericano de retirarles las visas a gobernadores y presidentes municipales en funciones (la mayoría del partido Morena). Ante eso, silencio del oficialismo y solicitudes de información al gobierno de los Estados Unidos, que hasta el momento ha contestado que se trata de información “confidencial”.
No se reconoce, por ejemplo, que el primer presidente de México que empezó a procesar penalmente a exgobernadores fue Ernesto Zedillo, con el caso del exgobernador de Quintana Roo.
Que el segundo presidente en llamar a cuentas a exgobernadores fue Enrique Peña Nieto, hasta llegar a completar casi veinte procesados por diversos delitos.
Tampoco, que el primer presidente de México en crear una Secretaría de la Contraloría General de la Federación —ante los avances notables de la corrupción— fue el expresidente Miguel de la Madrid, en 1982.
Mucho menos reconocen que Ernesto Zedillo creó en 1999 la Auditoría Superior de la Federación para sustituir al órgano técnico del Congreso de la Unión (la Contaduría Mayor de Hacienda), que por muchos años fue solo un convidado de piedra ante los acontecimientos de la distracción del gasto público y la corrupción en la aplicación de los presupuestos aprobados por el Congreso de la Unión. Tanto la ASF como la Ley de Fiscalización Superior de la Federación comenzaron a operar formalmente el 1 de enero de 2000.
Y ya yéndonos un poco más a fondo de la realidad nacional en cuanto al combate a los fenómenos de corrupción y desviación de recursos, mucho menos van a reconocer que en 1995 cayó a la cárcel un hermano de un expresidente de la República, acusado de delitos varios que lo mantuvieron casi diez años en prisión.
¿Se atreverían a hacer eso ahora los representantes de la autollamada Cuarta Transformación?
No lo van a hacer. No lo han hecho con sus exgobernadores, a pesar de las abundantes pruebas en contra.
Tampoco se cree que lo hagan con el autor del enorme fraude a Segalmex, el mayor registrado en el gobierno de López Obrador.
Mucho menos con los responsables de accidentes de trenes y transportes públicos que han dejado muertos.
Ya se vio con el caso del exdirector de Migración en el gobierno de López Obrador, Horacio Duarte, y el incendio en Ciudad Juárez que dejó 40 migrantes muertos.
Por eso las apuestas en torno al futuro de la sonorense Guadalupe Taddei y las irregularidades administrativas y financieras encontradas en el INE que llevaron a su renuncia.
Y por eso, la necesidad urgente del aparato político oficial—ante la cercanía de la elección del 2027— de encontrar chivos expiatorios del pasado a quienes cargarles las culpas del presente.
Saben que, de castigar a uno, corren el riesgo de que dé nombres y de que el castillo de naipes se venga abajo.
Saben también que, de quitarle un grano a la mazorca, se puede desgranar toda. Hay versiones tan frágiles y tan simplistas que no resisten el análisis. Hay culpas tan simples y tan endebles que han utilizado para ensañarse con otros y que no ameritan el análisis serio de la problemática.
Por más que a cada rato lo nieguen y traten de culpar a otros; La corrupción nuestra de cada día sigue, avanza y se asienta—la condición humana!— como nunca y con nuevos instrumentos: ¿Hasta cuándo?
