Desde su visión como integrante del pueblo mixteco y como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz plantea un mismo desafío: lograr que el Estado reconozca plenamente el pluralismo jurídico y la diversidad de formas de organización y de derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos, históricamente marginados.

A su juicio, la futura ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que impulsa el Ejecutivo federal, representa una oportunidad para romper con las “inercias estatales” y abrir paso al reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.

“No se trata de incorporar a alguien, sino de abrazar esa diversidad. Este es otro reto, porque muchos van a decir ‘no, nos estás metiendo en un problema (con esta ley)’… Puede ser que sí, incluso que nuestros programas informáticos tengan que agregar una casilla, una hipótesis más. Implica una gran reforma a nuestra forma cotidiana de atender la realidad del pueblo, pero cercana a lo que realmente ocurre”, manifestó en entrevista con La Jornada.

El actual representante del Poder Judicial de la Federación nació en 1973 en la comunidad mixteca de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, entidad donde también se licenció en derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO), institución que lleva el nombre del primer indígena que presidió la Corte, hace 169 años.

En tono sereno, aunque atravesado por el reproche, Aguilar Ortiz sostiene que, en más de 200 años del México independiente, no ha existido una ley que otorgue un reconocimiento pleno a los pueblos que integran la nación.

La falta de esta norma, explica, ha llevado a las comunidades a “simular lo que no son” para poder acceder a derechos, servicios o reconocimiento jurídico. Pone por ejemplo el caso de una comunidad que adquirió autobuses, pero tuvo que crear una sociedad anónima para poder obtener la concesión de transporte.

“Creo que ese es el objetivo (de la futura ley), que un marco jurídico acorde con la realidad y para nuestra realidad, que no esté obligado un sector amplio –porque estamos hablando de la cuarta parte del país– que tenga que simular lo que no es para ser atendido por el régimen jurídico. Esto yo creo que se tiene que acabar”, declaró.

El pasado 7 de agosto comenzaron las asambleas regionales de consulta sobre la iniciativa presidencial, dirigidas a 16 mil comunidades de 69 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano. El proceso concluirá el 13 de septiembre. La Suprema Corte fue invitada por el Ejecutivo federal a participar como “observadora”.

Aguilar Ortiz rechaza que esta tarea convierta a la Corte en juez y parte ante eventuales juicios contra la ley en proceso de creación, pues su función será únicamente observar la consulta, escuchar a las comunidades, tomar nota de sus planteamientos y elaborar un informe al finalizar.

“Tampoco vamos a hacer un juicio de valor, o sea, no vamos a decir a la gente apruébenla o no la aprueben”, sostuvo.

En cambio, asegura que el conocimiento adquirido en este inédito ejercicio servirá como acervo para la Corte y como material para que las ponencias enriquezcan el análisis y debate de eventuales controversias relacionadas con la ley.

Para el ministro, la iniciativa podría lograr lo que dejó inconcluso el levantamiento zapatista de 1994, que colocó los derechos indígenas en el centro del debate nacional. Él conoce ese hito porque, en 1996, formó parte del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para la redacción de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena.

“El levantamiento zapatista generó un eco importante en el país, puso en los primeros temas del debate nacional y en lo personal abrigaba esperanzas de que ahí fuera el parteaguas para los pueblos. No fue así, la reforma constitucional de 2001 no reconoció a los pueblos como sujetos de derecho y se quedó en una expectativa. De hecho, de 2001 a 2011 la reforma fue prácticamente letra muerta; con la reforma en materia de derechos humanos adquirió un poco más de relevancia”, narra.

El verdadero cambio, asegura, comenzó con la reforma al artículo segundo constitucional de 2024, pues reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público y abre la posibilidad de construir un nuevo sistema jurídico más incluyente.

“Está ganando terreno una nueva perspectiva. Sigue habiendo resistencias, veo yo, pero cada vez va ganando más terreno la posibilidad de que los indígenas y los pueblos y las comunidades tengan una presencia real en la vida del país, que formen parte del proyecto del país y obviamente que formen parte de la acción cotidiana de las instituciones y la Corte no queda exenta de ese mandato”, enfatiza.