Administración pública: ¿y los reformadores?

Bulmaro Pacheco

En el pasado, México tuvo grandes reformadores de la política y la administración pública. Hoy no se ven por ningún lado.

Reformaron creando instituciones; abrieron el sistema político para darle viabilidad y reconocer la pluralidad de México. Reformaron para evitar y procesar conflictos, así como para asegurar la paz social y combatir las desigualdades sociales a través del desarrollo.

De repente, el sistema político y administrativo enfrentaba sus crisis y sus sacudidas, y ahí estaban ellos para impulsar los cambios. Hoy —Y a pesar de tanta crisis—nada de eso ocurre. El sistema reformó sus instituciones para garantizar e impulsar dos de los compromisos fundamentales del movimiento revolucionario: la educación y la salud. Hoy los retrocesos y los fracasos de proyectos de gobierno están a la vista (Insabi, Megafarmacia, Pemex, obras emblemáticas) con altos costos, pero no hay reformas.

Con el tiempo, se avanzó con la creación del IMSS y la Secretaría de Salud, y se erradicaron enfermedades mortales. En educación, crearon la SEP y una diversidad de sistemas educativos —como la UNAM y el Politécnico— para combatir el analfabetismo y ampliar la cobertura educativa en todos los niveles, apoyando con ello los programas de desarrollo económico.

Antonio Ortiz Mena, Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles, Fernando Solana, Ignacio Pichardo, Guillermo Soberón, Gustavo Baz y Jesús Kumate, entre otros, formaron parte de esa generación de mexicanos que apoyaron con su talento y capacidades el avance de México y las grandes reformas que impulsaron los principales cambios del país durante la mayor parte del siglo XX. Hoy no se ven personajes de ese nivel de formación y capacidades. ¿Por qué?

Ahora, las administraciones públicas en México —federal, estatal y municipal— están en crisis y no se ve para cuándo una solución.

No tienen dinero; el poco que poseen no siempre se gasta bien y cada vez se les dificulta más cumplir con sus objetivos y funciones.

Están plagadas de problemas, vicios y excesos derivados de los cambios ocurridos en México en los últimos años.

No hay servicio civil de carrera y, en las pocas instituciones donde se había desarrollado, terminó por caer en los vicios generados por las alternancias de partidos y grupos políticos de poder.

Las administraciones públicas enfrentan graves problemas que, en lugar de resolverse, se han agravado. Mencionaré algunos:

La corrupción. Por más proclamas que existan con relación al combate a la corrupción en todos los niveles, esta sigue creciendo y ampliándose a otras esferas donde antes parecía imposible que llegara. Se pensó que, con la militarización de instancias importantes de la administración —como las aduanas, los puertos y los aeropuertos—, la corrupción disminuiría, pero no fue así. En muchos casos se incrementó debido a los excesos y deformaciones en el manejo de las instituciones. Falló la experiencia y el fogueo para desempeñar cargos en la administración; se cambió por el cuatismo, la visión partidista y las cuotas para los allegados.

Los aparatos de regulación de las administraciones públicas sobre la actividad económica se han ido debilitando y cada vez se respetan menos. Sobran ejemplos de casos donde aparecen el dinero y los pagos realizados para eludir trámites mediante la corrupción de funcionarios públicos para evitar los tiempos de espera.

El contratismo de amigos y familiares incrustados en los aparatos de poder también ha quedado en evidencia, sobre todo en la licitación de obras públicas y servicios.

El nepotismo. Las alternancias en el poder convencieron a muchos de los que llegaron al control de las administraciones públicas de que incrustar familiares en las nóminas públicas era algo normal y merecido. El servicio público dejó de ser una gran responsabilidad social para convertirse en una lotería de favorecidos por cuestiones de parentesco y relaciones familiares.

Se ha ampliado en los gobiernos la presencia de amigos y familiares sin las capacidades suficientes para desempeñar los cargos. En el sexenio de López Obrador se llegó al extremo de afirmar que, para desempeñar un cargo público, se requería “90% de lealtad partidista y 10% de capacidad para el cargo” (sic).

Esa nefasta concepción del poder público surgió del desprecio y los resentimientos con los que llegaron los nuevos gobiernos a partir de la elección de 2018. Sin querer saber nada del pasado —al que todavía condenan cuando algo les sale mal—, también condenaron a la administración pública que, a lo largo de la historia, ya había consolidado estructuras y servidores públicos profesionales encargados de tareas administrativas cada vez más complejas, sobre todo en ´reas sensibles del poder público como el servicio exterior, la estructura fiscal y la organización educativa.

La improvisación. Estamos viendo, en primer lugar, premios administrativos otorgados por pertenecer a determinado partido político, por haber financiado campañas electorales, por ser pariente de quienes mandan o por relaciones personales derivadas de haber trabajado en equipo en cargos anteriores. Así, se otorgan oportunidades en el servicio público olvidándose de los perfiles adecuados para los cargos.

Con ello se han fortalecido la improvisación y la ineficiencia. Todo esto ha provocado que las cosas no funcionen, que se retrasen, que los proyectos no avancen o que las obras y los servicios fallen por la mala calidad en la supervisión de los responsables. ¡Qué casos! ¿Qué antes era igual? Es su disculpa, pero es una tesis falsa. Con el tiempo en México llegó a legislarse contra el nepotismo y la improvisación así como para avanzar en la transparencia, pero esas medidas hoy son letra muerta, ante quienes se sienten “en el lado correcto de la historía” que nunca ha existido.

El gobierno actual cree que gastando lo que no tiene resolverá muchos problemas, pero no es así. Se niega a reconocer lastres como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, que llevan años funcionando con amplios déficits financieros y dificultan el correcto manejo de las finanzas públicas. También se niega a reconocer los altos costos —vía excesos y subsidios— de las obras emblemáticas realizadas en el sexenio pasado, que hoy son un lastre para el nuevo gobierno, el cual no halla cómo salir de esos compromisos.

No se ve por ninguna parte a reformadores de la política y la administración pública que hablen con la verdad.

Tampoco se observan ideas originales y eficaces que influyan en la compleja realidad de México para tratar de resolver problemas que, por ahora, parecen insolubles: los tiempos de espera en hospitales, la sobresaturación de instituciones, la mala calidad de la educación pública, el déficit de las finanzas públicas y la pobreza de las administraciones municipales. Tampoco hay propuestas para combatir la pobreza urbana, la inseguridad pública en las calles y la penetración cada vez más obvia del crimen organizado en las instituciones de gobierno.

En las administraciones públicas, el interés de partido superó la racionalidad en la toma de decisiones, y las reformas realizadas hasta ahora solo han servido para fortalecer un modelo de gobierno cerrado y concentrador del poder. Y lo peor, sin rumbo seguro.

Los reformadores hoy brillan por su ausencia, así como los mexicanos de excepción que en otras épocas se la jugaron por México y no por un partido político. Por eso tienen su lugar en la historia y no han sido superados.

Nada más, nada menos.

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