Ciudad de México. En su informe anual 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la política social del Estado mexicano, la cual ha expandido con acciones para garantizar los derechos laborales, a la vivienda y a la salud, así como programas sociales de alcance universal dirigidos a mujeres, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores.

Los beneficios alcanzaron a 30 millones de familias, según información oficial.

Sin embargo, alertó sobre los reportes de feminicidios, asesinatos de mujeres trans así como de personas de la diversidad sexual, al igual que trata. También manifestó su preocupación por las denuncias de “prácticas xenofóbicas y racistas” por parte de autoridades contra personas en situación de movilidad humana.

En el documento difundido hoy, señaló que la defensa de los derechos humanos “continúa siendo una actividad peligrosa en México, incluyendo asesinatos y ataques contra personas buscadoras, defensoras de los derechos indígenas y líderes gremiales”.

Sobre el trabajo de las autoridades gubernamentales resaltó la adopción del Mecanismo para el Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las acciones para prevenir la trata de personas.

Igualmente los ajustes a la Ley sobre Desaparición de Personas con un enfoque en la “operación e interconexión” de los diversos registros en la materia, pero señaló que este flagelo y la emergencia forense continúan siendo “una crisis humanitaria grave”.

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Asimismo, la CIDH se refirió a la reforma judicial. Señaló la “baja participación y la idoneidad” de los candidatos electos para integrar el Poder Judicial, derivado de la reforma en la materia.

Igualmente indicó que la “fragmentación” del acceso a la información tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia.

Llamó la atención sobre los asesinatos de servidores públicos, autoridades electas y agentes de seguridad del Estado, ya que –de acuerdo con información pública– 20 funcionarios habrían sido víctimas de estos crímenes, varios de los casos vinculados a hechos del crimen organizado y el ejercicio de sus funciones.

Sobre las desapariciones, refirió que hay más de 133 mil personas en esta condición, según datos del Registro Nacional, además de 70 mil cuerpos sin identificar, de acuerdo con reportes de organizaciones civiles y de derechos humanos, quienes advirtieron que, pese al Decreto Presidencial del 18 de marzo de 2025 para “fortalecer los procesos de búsqueda”, no se ha acreditado un incremento presupuestal ni la asignación de recursos suficientes a la Comisión Nacional de Búsqueda, además del desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana y las limitaciones técnicas del Banco Nacional de Datos Forenses.

En su respuesta, el Estado mexicano informó que, entre octubre de 2024 y junio de 2025, se llevaron a cabo más de 5 mil 700 acciones de búsqueda (3 mil 148 en vida y 2 mil 582 forenses) y 14 mesas de diálogo con familiares y organizaciones, en las que se abordó la propuesta de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición.

Y en materia de atención a víctimas, indicó que garantizó la reparación integral del daño a 864 personas, con un monto total de 387 mil 13 millones de pesos, mediante 222 resoluciones emitidas por la Comisión Ejecutiva.

Sobre los derechos de las mujeres, la CIDH apuntó que “persisten las alarmantes cifras de violencia de género” y expuso que, entre enero y agosto de 2025, se registraron 444 feminicidios, 341 casos de trata de mujeres, 13 mil 955 denuncias de violación sexual, 4 mil 368 de violencia de género y 180 mil 356 de violencia familiar.

La Comisión Interamericana también observó con preocupación la persistencia del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos organizados. Indicó que según información oficial, personas de edad a partir de los seis años fueron identificadas como captadas a través de redes sociales, videojuegos y vínculos familiares, para luego ser utilizadas en actividades criminales. Se estima que alrededor de 30 mil niñas y niños participan directamente en estos grupos, mientras que más de 200 mil estarían en situación de vulnerabilidad de ser reclutados.

Respecto de la tortura, indicó que el Índice Global de la Tortura 2025, clasificó a México con un “riesgo alto de tortura y malos tratos”. Según datos, de la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, se denunciaron 2 mil 881 casos, entre 2019 y 2024, de los que derivan 3 mil 506 víctimas.