Nota publicada: 2026-04-16
Santiago. A cinco semanas de iniciado su gobierno, el ultraderechista presidente de Chile, José Antonio Kast, detalló la noche del miércoles, en una cadena de televisión, su “Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, iniciativa de 46 medidas que, en síntesis, baja la carga tributaria a los más ricos del país, bajo el supuesto de que se alentará la inversión y a la larga traerá crecimiento más empleo.
En este país, según estadísticas oficiales, el 10 por ciento más rico de acumula más del 80 por ciento de la riqueza total, mientras que el 1 por ciento posee más del 50 por ciento del producto interno bruto.
El nombre resume todo, porque desde su arribo al poder el 11 de marzo, Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se esmeraron en instalar que recibieron un país en condición de desastre: la economía cuasi paralizada y las arcas fiscales desfinanciadas, llegando incluso a decir asesores del presidente que “Chile está quebrado”, de lo que el gobierno se desdijo, porque los números desestiman aquello.
El paquete es acompañado por un recorte del gasto fiscal en torno a los 6 mil millones de dólares anuales, ordenado a todas las agencias del Estado.
Kast dijo que prevalece “una emergencia de seguridad que amenaza la libertad cotidiana de las familias, una emergencia económica que frena el empleo y una emergencia social en temas como educación, salud y vivienda”.
El proyecto reduce paulatinamente, en 3 años, de 27 a 23 por ciento el impuesto a la renta que grava a las empresas; reinstala la “integración tributaria”, vale decir, que los propietarios de empresas, puedan descontar de su tributación personal, el porcentaje pagado al fisco por la persona jurídica de la cual son accionistas.
De acuerdo a economista opositores, la reintegración del sistema involucra un beneficio tributario directo e inmediato sobre los propietarios de las empresas, “el Fisco regala 965 millones de dólares a los dueños de las empresas, todos pertenecientes al 1% más rico de la población, a cambio de la expectativa de que en algún momento ello incidiera sobre la inversión, en plazos y escala difícil de determinar”, dijeron en un análisis difundido.
Ambas decisiones le costarán al fisco en torno a 2 mil 800 millones de dólares anuales, supuestamente a largo plazo compensados con la mayor recaudación tributaria que causaría el mayor crecimiento.
Comprometió reinstaurar un estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones durante 25 años, y doce meses para repatriar capitales, con un impuesto único del 7 por ciento.
También, reducir a 180 días los plazos de evaluaciones ambientales para los proyectos de inversión, garantizando compensación estatal si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada es revocada judicialmente.
Kast impulsará que los propietarios mayores de 65 años de edad, sean exonerados del impuesto territorial que grava el valor de la casa que habitan, medida que favorece al 10 por ciento más rico, que se ahorrarán alrededor de 180 millones de dólares anuales.
Otras iniciativas incluyen la reducción en un 50 por ciento del impuesto a las donaciones y eliminar por 12 meses el Impuesto al valor agregado a la venta de viviendas nuevas.
El gobernante justificó su plan en que "queremos más empleo, más progreso económico y social, y más seguridad para que los chilenos puedan recuperar la esperanza", agregando que "este proyecto no es una agenda ideológica; es una respuesta concreta a tres urgencias reales. El crecimiento no es un fin en sí mismo: es el medio para que las personas vivan mejor, para que haya más empleo, más seguridad y más esperanza".
Kast planteó que "al año 2030, tenemos la ambición de disminuir la tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural".
La aprobación de Kast registra una caída significativa, desde el 56 al 36 por ciento, en su primer mes, lo cual se atribuye principalmente al encarecimiento de los combustibles -40 por ciento las gasolinas y 60 por ciento el diésel- y la desaprobación a medidas económicas, marcando uno de los inicios de administración con menor apoyo.