La mayor parte de las fallas a escala federal son atribuidas al ámbito de la autoridad nacional petista, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE abrió decenas de investigaciones que derivan en un monto de 181 millones de pesos.

Las irregularidades fueron detectadas como resultado de la revisión de millones de documentos, contenidos en los informes anuales tanto de partidos nacionales como locales, ejercidos en un periodo (año 2024), en el cual se disputaron 629 cargos federales (incluida la Presidencia de la República) y más de 20 mil a escalas local y estatal.

En ese año, los partidos recibieron en conjunto 6 mil 609 millones de pesos como financiamiento público para gastos ordinarios y 3 mil 304 para campañas electorales.

A su vez, el PRI sería multado con 112.1 millones (24.4 por asuntos del ámbito federal, atribuidos a su comité ejecutivo nacional), y con 87.7 millones a sus dirigencias estatales.

En tercer sitio se ubica el PAN, con una posible sanción total por 85.6 millones; en este caso, las fallas de sus órganos nacionales derivaron en penalizaciones por 9.8 millones, y el resto a los locales.

En tanto, Morena sería multado –siempre según los proyectos– por 84.8 millones (56 millones atribuidos a temas federales y 28.2 a locales).

En quinto sitio se ubica Movimiento Ciudadano, con eventual castigo por 43 millones, y en sexto, el Partido Verde Ecologista de México, con multa probable por 40.3 millones, la mayoría por asuntos de alcance local.

Los 706.9 millones se dividen en 292.8 del ámbito federal y 414.1 del local.

Las conductas más sancionadas son “egresos no comprobados” y “egresos no reportados”, que en conjunto representan 45.44 por ciento.

No obstante, en total son 50 causales de irregularidades; por monto de mayor a menor están los siguientes conceptos: no destinar el recurso establecido para actividades específicas; gastos sin objeto partidista; no destinar el recurso establecido para capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres; cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año; omisión de registrar el beneficio a las candidaturas; no reportar con veracidad; pagos mayores a 90 UMA (Unidad de Medida y Actualización) realizados en efectivo y omisión de reportar operaciones en tiempo real.

Asimismo, no destinar el recurso para la capacitación de las mujeres, aun cuando se le ordenó hacerlo en el siguiente ejercicio; reportar en un informe distinto al fiscalizado; impuestos por pagar y omisión de presentar informes, por mencionar los de mayor cuantía en multas.

El INE lamenta que las multas aplicadas en los procesos comiciales anteriores a 2024 no fueran suficientes para inhibir estas conductas.