Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no está interesado en una guerra prolongada en Venezuela”, declaró ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien remarcó que al mandatario republicano sólo le importa “terminar con el tráfico de drogas” hacia su país.

“Sobre una posible invasión o probables ataques terrestres en Venezuela, alineados con los partidarios del presidente, la base MAGA (Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo, por su significado en inglés), ¿existe el riesgo de una guerra prolongada y de que tropas estadunidenses se vean involucradas?”, preguntó una periodista durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca.

“Una guerra prolongada es definitivamente algo en lo que el presidente (Trump) no está interesado. Ha sido muy claro al respecto. Él quiere paz. También busca poner fin al tráfico ilegal de drogas hacia Estados Unidos, que cobra la vida de cientos de miles de estadunidenses en todo nuestro territorio. Piensa en eso todos los días aquí en la Casa Blanca. Con cada lancha de narcotráfico que es interceptada por esta administración, salvamos miles de vidas al disuadir y detener la entrada de esos estupefacientes al país”, respondió Leavitt.

Agregó que el buque venezolano asaltado antier será llevado a un puerto de Estados Unidos y los barriles de petróleo que contenía serán confiscados mediante “un proceso legal”. Detalló que los tripulantes fueron interrogados ayer, pero no precisó si se encuentran detenidos o serán puestos en libertad al término del proceso de incautación. Tampoco precisó su número, ni nacionalidades.

Sobre si las operaciones de Washington en la región son sobre drogas o petróleo, Leavitt dio una respuesta divida tras asegurar que el gobierno estaba “enfocado en hacer muchas cosas en el hemisferio occidental”.

Advirtió que tales incautaciones “podrían continuar” y acusó, sin pruebas, que las mercancías transportadas se utilizaban para financiar el comercio ilegal de drogas.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados y ver cómo los buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro, cuyos ingresos alimentarán el narcoterrorismo de regímenes rebeldes e ilegítimos en todo el mundo”, destacó.

El petrolero, que en el pasado navegaba bajo el nombre de Adisa, había sido identificado y sancionado por el Departamento del Tesoro en 2022 por presuntos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y Hezbollah, indicó Ap.

Antier se mencionó que el tanquero interceptado tiene el nombre de Skipper.

La secretaria de Seguridad Interior estadunidense, Kristi Noem, vinculó la incautación del buque petrolero con los esfuerzos antidrogas de la administración Trump en América Latina y aseguró que el objetivo de la operación fue “golpear al régimen” del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Fue una operación exitosa (...) para garantizar que estamos contratacando a un régimen que sistemáticamente llena nuestro país de drogas mortales”, aseveró Noem, sin ofrecer ninguna evidencia de las acusaciones.

“Las drogas interceptadas por los guardacostas en el mar desde la llegada al poder del presidente Trump eran cantidades letales de cocaína suficientes para causar la muerte de 177 millones de estadunidenses”, continuó, nuevamente sin datos que respalden sus acusaciones.

A diferencia de los bombardeos contra embarcaciones, bajo el argumento sin evidencias de que eran utilizadas para transportar drogas, y que desde septiembre mataron al menos a 87 personas, la operación de antier estuvo acompañada de una orden de decomiso emitida por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Sanciones a familiares del mandatario bolivariano

En este contexto, el Departamento de Estado estadunidense impuso sanciones a tres sobrinos de la esposa del mandatario venezolano, así como a seis tanqueros y compañías navieras que transportan crudo desde la república bolivariana por “apoyar el régimen corrupto e ilegítimo” del país sudamericano.

Las sanciones contra Franqui Flores, Carlos Flores, Efraín Campo y el empresario panameño Ramón Carretero, buscan negarles el acceso a cualquier propiedad o activo financiero que posean en Estados Unidos y evitar que empresas y ciudadanos estadunidenses negocien con ellos. Los bancos e instituciones financieras que violen esa restricción se exponen a sanciones o penalidades por parte de Washington.