Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó ayer que los colombianos señalados de participar en un operativo que se desplegó tras una explosión que dejó al menos ocho uniformados mexicanos muertos son ex integrantes de las fuerzas militares, y anunció que convocará vía decreto a una consulta popular sobre su proyecto de reforma laboral luego de que el Congreso rechazó que se realizara el referendo, en una votación que el mandatario denunció como ­fraudulenta.

Como informó La Jornada (https://shorturl.at/liL7P), el pasado viernes, el Ejército Mexicano detuvo en total a 17 personas en el estado de Michoacán, 11 de ellos originarios de Colombia, por formar parte de un grupo delictivo relacionado con el fallecimiento de ocho militares a consecuencia de la explosión de una mina terrestre.

Las autoridades mexicanas vincularon a los detenidos con el cártel de Los Reyes, una estructura que se disputa Michoacán con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El cartel de Los Reyes contrató a mercenarios colombianos. La mayoría de los detenidos son ex militares connacionales, y hay unos activos, subrayó Petro en una alocución que se transmitió por televisión.

Además, el mandatario pidió que se impongan las penas más altas a aquellos ciudadanos que se convierten en mercenarios y venden sus conocimientos militares, y se pronunció en favor de que en Colombia se prohíba dicha actividad.

No se usa el dinero público de nuestros habitantes, e incluso el dinero del pueblo estadunidense, para entrenar gente que después vende sus conocimientos militares a los enemigos de la humanidad. Eso es una traición a la patria colombiana, subrayó Petro, cuyo gobierno impulsa un proyecto de ley para prohibir la participación de militares colombianos en conflictos armados en el extranjero.

Por su parte, el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno, reiteró en una entrevista con el diario El Tiempo que los militares colombianos detenidos no forman parte del cuerpo activo de las fuerzas militares colombianas y muchos de ellos pudieron ingresar a territorio mexicano con engaños en redes de trata.

En tanto, la decisión de Petro de convocar próximamente mediante un decreto la consulta popular en la que los ciudadanos votarían por cambios al sistema laboral, abrió un amplio debate sobre su viabilidad legal y ocasionó que ocho partidos de oposición rechazaran el procedimiento que calificaron como un acto inconstitucional.

Resultado refutado

La ley colombiana exige como requisito previo que el Senado se pronuncie sobre si es conveniente convocar a que se realice dicho procedimiento. A mediados del mes pasado, los congresistas votaron 49 a 47 e impidieron que se efectuara el referendo.

Gustavo Petro desconoció el resultado al considerar que se cometió fraude y una supuesta falla en el procedimiento de votación. Ayer, el mandatario izquierdista argumentó que puede expedir el decreto presidencial porque en 30 días el Senado no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la consulta popular, lo que es un requisito ­indispensable.

Petro busca que los ciudadanos se pronuncien sobre si quieren que la jornada diurna dure un máximo de ocho horas y se termine a las 6 de la tarde, se apliquen recargos del 100 por ciento a los dominicales, se prioricen los contratos a término fijo y los trabajadores en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y prestaciones sociales.