En medio de crecientes tensiones migratorias, el gobierno de Estados Unidos ejecutó la deportación de 238 ciudadanos venezolanos a El Salvador, generando preocupación entre organismos internacionales y defensores de derechos humanos. La decisión se basó en la aplicación de una antigua ley de 1798, utilizada por la administración estadounidense para justificar la expulsión bajo el argumento de presuntos vínculos con pandillas.

A pesar de que una orden judicial había bloqueado temporalmente estas deportaciones, las autoridades estadounidenses procedieron con la medida. Los migrantes fueron recibidos en un penal de máxima seguridad en El Salvador, como parte de un acuerdo entre ambos gobiernos que, según reportes, incluyó una compensación económica de seis millones de dólares.

Diversas organizaciones han criticado la falta de transparencia en el proceso y han advertido sobre el peligro que enfrentan los deportados en territorio salvadoreño. Expertos en migración subrayan que esta acción podría sentar un precedente preocupante en la política migratoria de Estados Unidos, al tiempo que se cuestiona la legalidad del acuerdo con El Salvador.