Entre las principales acciones que se emprendieron en el sexenio pasado, destacan la cancelación de la condonación de impuestos, que solo beneficiaba a los grandes consorcios a los que se rembolsaba impuestos por haber apoyado las campañas.

Buenrrostro implicó que desde la nueva Secretaría (que sustituirá a la secretaría de la Función Pública) respaldará el trabajo de los Órganos Internos de Control en cada dependencia, para tener mayor impacto en las acciones preventivas y en la realización de investigaciones y auditorías previas para inhibir prácticas de corrupción.

Se trata de impulsar un trabajo focalizado y orientado a acciones de mayor impacto, mediante el fortalecimiento de la denuncia, garantizando la confidencialidad de quienes las promueven para que violar la ley sea más caro que cumplirla.

Entre las acciones inmediatas de la Secretaría destacan el trabajo conjunto con la Consejeria Jurídica del Ejecutivo Federal y la Subsecretaría de Egresos para reestructurar la administración pública o para hacerla más eficiente y expedita. Se verificarán el ejercicio de recursos de los grandes proyectos como en el Tren Maya o algunos de los grandes proyectos que tiene previsto esta administración para el desarrollo de trenes.

Se buscará apoyar a pequeñas y medianas empresas al eliminar  a los intermediarios en el otorgamiento de contratos y de compras públicas, que son los que obtienen mayores ganancias.

Señaló que se prepara una iniciativa de transparencia para que la Secretaría pueda llevar a cabo estas funciones. Para garantizar transparencia y no ser juez y parte se pretende el involucramiento de tribunales administrativos, una nueva era de transparencia proactiva mediante la Agencia de Transformación Digital, tener muchos datos abiertos y fácil acceso para la poblaciòn.

Se busca el acceso a la información menos burocrática, mediante la digitalización que agiliza y transparenten los actos de gobierno para hacerlos  menos proclives a la corrupción, mayor rendición de cuentas.