• Hermosillo, Sonora, México a     |  Año 20 No. 690    

Propone regular preceptos legales para erradicar la violencia política contra las mujeres

TermómetroenLínea /




Nota publicada: 2017-03-17




Hermosillo, Son. 16 de marzo de 2017.- Por considerar que es necesario impulsar desde un marco jurídico y de política a todas sus escalas, así como aprobar reformas que brinden seguridad jurídica a todas las mujeres de la entidad, este día se presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora.

 

La diputada Ana Luisa Valdés Avilés dio lectura a su propuesta ante el Pleno del Congreso, a quienes hizo un llamado a no perder de vista o minimizar la violencia política contra las mujeres, ya que esto conlleva a diversas afectaciones de sus derechos en diferentes áreas de sus vidas, además de destacar la necesidad de regular dichos preceptos legales a fin de no transgredir entre uno y otro derechos, sostuvo.

 

“Cabe puntualizar que no se puede entender el problema de la violencia política contra la mujer, sin mencionar que, desde las últimas dos décadas, la violencia contra la mujer ha llegado a entenderse como forma de discriminación y violación de los derechos humanos de las mujeres”, aseveró.

 

La legisladora expuso que la violencia contra la mujer requiere toda la atención de los legisladores para elaborar leyes que abonen a su erradicación, e hizo un recuento de una serie de hechos en los que diversas mujeres en el país han sido agredidas a causa de sus actividades políticas, además de que en la actualidad, México no cuenta con un marco legal específico en materia de violencia política.

 

“A falta de ello, el concepto de violencia política se ha construido a partir de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer ´Convención De Belem Do Para´, de la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, expresó.

 

Valdés Avilés definió a la violencia contra las mujeres como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; constituye una violación a los derechos humanos y una ofensa a la dignidad humana, además de que trasciende en todos los sectores de la sociedad, independientemente de clase, raza o grupo étnico, nivel educativo o de ingresos, cultura, edad o religión. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión para la Igualdad de Género.

 

En esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó el Acuerdo presentado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que modifica el Acuerdo número 6, aprobado el 29 de septiembre de 2015, con el objeto de llevar a cabo una modificación a la integración de varias comisiones de dictamen legislativo.

 

A nombre de la CRICP, el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, coordinador del grupo parlamentario del PAN, dio a conocer que a solicitud de éste, resulta necesario llevar a cabo modificaciones a la integración de las comisiones Segunda de Hacienda, de Justicia y Derechos Humanos, de Asuntos del Trabajo, de Obras y Servicios Públicos, de Fomento Económico y Turismo, del Agua, de Minería y de Desarrollo Urbano. 

 

Aclaró que con esta propuesta no se altera de ninguna manera el principio de proporcionalidad y el esquema de participación de cada grupo parlamentario. La modificación establece que el diputado Moisés Gómez Reyna presidirá la Segunda Comisión de Hacienda y fungirá como secretario en las comisiones de Asuntos del Trabajo, Fomento Económico y Turismo, Minería, Vivienda y Desarrollo Urbano.

 

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se integra como secretario el diputado Javier Dagnino Escobosa; a la de Obras y Servicios Públicos, el diputado José Armando Gutiérrez Jiménez; y a la del Agua, el diputado Carlos Manuel Fu Salcido. El Acuerdo se aprobó por unanimidad.

 

Enseguida se aprobó un Acuerdo que resuelve exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal, al titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, al Procurador Ambiental en el Estado de Sonora, al Ayuntamiento de Santa Ana y a los 71 ayuntamientos restantes.

 

El diputado José Armando Gutiérrez Jiménez propuso que dichas autoridades tomen las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley para la Protección, Conservación y Fomento del Árbol en las zonas urbanas del Estado de Sonora, con base al Artículo Transitorio Primero del Decreto mediante el cual se aprobó dicha norma.

 

Explicó que el mismo establece que la Ley entrará en vigor a los 90 días después de su publicación, plazo que se cumplió el pasado 6 de noviembre, además de que actualmente se llevan a cabo los trabajos de remodelación y remozamiento de los camellones ubicados en el municipio de Santa Ana, mediante los cuales se pretende derribar la flora existente en dicho espacio público, para lo cual se apoyó en un video.

 

En el desarrollo de esta sesión ordinaria, los diputados aprobaron otro Acuerdo presentado por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, ante la pérdida de vigencia de diversos folios que datan del ejercicio fiscal de 2015.

 

El diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas dio lectura al dictamen en el que también se establecen las razones por las cuales se consideró como improcedente la solicitud hecha por el ciudadano José Luis Lomelí Quintero, en virtud de que había solicitado no se aprobara la Ley de Ingresos del municipio de Nogales para el ejercicio fiscal de 2016.

 

Y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se envió para estudio la iniciativa presentada por el diputado Jorge Luis Márquez Cázares, con proyecto de decreto que reforma el Artículo 3, fracción V de la Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Sonora.

 

El legislador explicó que la propuesta tiene por objeto desaparecer la obligatoriedad de los municipios de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley en cita, para que el procedimiento que ahí se desarrolla quede exclusivamente al marco normativo de la administración pública estatal, de manera que sea la Ley de Gobierno y Administración Municipal la que regule lo relativo a los procesos de entrega-recepción que llevan a cabo los ayuntamientos del Estado.

Como penúltimo punto del orden del día, el diputado José Ángel Rochín López presentó un posicionamiento sobre la necesidad de crear un reglamento interior de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora. 

Más información en esta sección ..

Opiniones