Hermosillo, Sonora, 15 de febrero de 2024.-  A nombre de la Bancada Naranja la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes presentó iniciativa para modificar la Ley de Atención a Víctimas del estado de Sonora para incluir el concepto de “Debida Diligencia Reforzada”.
Esta iniciativa nace de la ponencia de la Dra. María del Rosario Molina, presentada en el Quinto Parlamento de las Mujeres en Sonora, que refleja un recuento estadístico y fáctico de la cruda realidad que atraviesan las mujeres víctimas de la deficiencia del Estado en materia de prevención del delito.
Con el propósito de resolver cuestiones contra la violencia comunitaria que sufren las mujeres sonorenses, la debida diligencia debe entenderse como la exhaustividad y seriedad que deben concretarse desde su inicio en los distintos momentos de la investigación penal ante la comisión del hecho ilícito; por lo que el órgano que investiga debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue: el esclarecimiento de los hechos.
Los Estados deben condenar todas las formas de violencia contra la mujer, adoptando para ello todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas públicas y su intervención deberá ser con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), Sonora se sitúa entre los hogares con mayor prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo lardo de la vida, con un 71.6%.
Con base en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para enero de 2023, Sonora ocupa el cuarto lugar en presuntos feminicidios por cada 100 mil habitantes; además de la incidencia delictiva relacionada con desapariciones forzadas, que se advierte una cuestión de género implícita en ella la violencia y las relaciones de poder.
Cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los casos de violencia contra las mujeres, la impunidad por estos crímenes transmite el mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que, a su vez, alimenta aún más a ésta y produce la desconfianza de las víctimas en el sistema judicial.
Ante tal situación, el enfoque transversal entre distintas autoridades de Gobierno respecto a la atención y prevención de dichos actos es crucial para disminuir las estadísticas actuales que muestran un repunte a los índices de violencia.